Tijuana.- A finales de mes se presentará una propuesta de reforma para que instituciones públicas y privadas con la obligación de velar por los intereses de los menores que trabajan en las calles sean sancionadas si incumplen con esto, adelantó Hassan Martín Franco Ruiz, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana.
“El código penal no sanciona a las instituciones públicas o privadas que omitan cumplir con aquello que están obligadas a hacer”, detalló.
Franco Ruiz explicó que el Código Penal sanciona a los padres de familia que ponen en riesgo la salud, tranquilidad, moralidad y educación de los menores.
También sanciona a quienes reciben a menores por medio de los padres para que pidan dinero o ejerza algún acto y está estipulado como tráfico de menores
“Esto es la cancha de la Fiscalía General del Estado, los menores están a la vista de todos (...) El DIF está obligado a recoger a los menores que estén en riesgo”, expresó.
El presidente del Colegio de Abogados recordó que existen Asociaciones Civiles que tienen como objetivo salvaguardar la integridad de los menores y reciben recursos del gobierno, pero la niñez continúa en riesgo.
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“También es un llamado para los ciudadanos a donar dinero, marcar al 911 y reportar al primer respondiente que hay menores de edad en situación vulnerable para que la policía municipal busque al papá o si no está el papá al adulto a cargo. Su obligación es levantar al menor, llevar al niño al juez calificador, posteriormente llevar al niño al DIF y turnar al adulto al Ministerio Público para que la fiscalía integre la carpeta de investigación”, explicó.
María del Carmen Olguín, vicepresidenta del colegio, señaló que DIF municipal tiene un encargado de despacho que debe enviar a un equipo para conocer la cantidad de menores que llegan a la ciudad.
“El centro de protección a la niñez dentro su misión y visión debe tener un grupo de personas que apoyen y acompañen a esos niños, para rehabilitarlos, tanto en la alimentación, como de manera cultural y de manera psicológica”, finalizó.
