La relación del gobierno estatal con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), es muy distante, de acuerdo con el presidente del Consejo, Roberto Quijano Sosa.
“Es muy distante, en pocas ocasiones nos han invitado, en pocas ocasiones nos escuchan, nos reunimos de vez en cuando con el secretario y con la fiscal, sin embargo nuestra incidencia va mucho más encaminada hacia el municipio, porque es donde vivimos más la inseguridad, cada municipio debe hacer lo propio”, mencionó.
Quijano Sosa destacó que en esta administración estatal la Fiscalía General del Estado (FGE), ha tenido tres titulares diferentes.
Guillermo Ruíz Hernández inició su titularidad en noviembre del 2019, durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdéz, y finalizó en diciembre del 2021 durante la gubernatura de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Durante la misma administración estatal, en enero del 2022, Ricardo Iván Carpio Sánchez asumió el cargo de la FGE, finalizando en agosto del 2023.
Días después de la renuncia de Carpio Sánchez, María Elena Andrade Ramírez tomó el cargo de fiscal general, puesto que ostenta actualmente.
“Es delicado porque no hay una continuidad en los trabajos (...) cada uno le pone su toque personal, lo cual es respetable, pero para la ciudadanía lo que importa son los resultados, particularmente la percepción”, añadió el presidente del CCSPBC.
Quijano Sosa también recordó que durante esta administración la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), ha contado con dos titulares, ambos con experiencia militar.
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El 1 de enero de 2022, el general Gilberto Landeros Briseño asumió el cargo como titular de la SSCBC.
En diciembre de ese mismo año, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, nombró al General Leopoldo Aguilar Durán como nuevo secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California.
“Eso demuestra que no hay continuidad en los trabajos”, reiteró el presidente del CCSPBC.
