Los feminicidios que se convirtieron en virales en este año en México mostraron que en los casos de violencia en contra de las mujeres no hay articulación entre autoridades para enfrentar su desaparición de forma inmediata o hacer investigaciones claras, transparentes, expeditas y que eviten la revictimización, coincidieron especialistas al hacer un balance al cierre de 2022.
Durante la vigésima sexta sesión del Consejo de Perspectiva de Género de la Organización Editorial Mexicana (OEM) para revisar lo ocurrido con las desapariciones, feminicidios, las violencias, las reformas legales, el papel de las activistas y la agenda periodística, Nancy Angélica Canjura, investigadora de la agrupación Causa en Común, explicó que vivimos “una realidad penosa en donde el discurso oficial desde el gobierno pretende seguir invisibilizando estos sucesos”.
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Dijo que la violencia en contra de las mujeres está perpetuada en una sociedad machista y patriarcal en la que a ellas se les ve como “seres humanos de segunda categoría, sujetas a cualquier violencia sin consecuencias”.
La especialista con maestría en Gobierno de Asuntos Políticos en la UNAM y docente del diplomado en Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana señaló que es lamentable que de parte del gobierno federal se tenga una actitud defensiva para poder señalar que los números de feminicidio han bajado, que “no hay tantos o que antes se cometían más pero no se contaban”.
Indicó que hoy el gobierno de la Cuatroté asegura que hay una reducción de ocho por ciento en los casos si se compara con el registro del año pasado, pero también “tenemos una duda de estos datos, ya que el discurso del gobierno es de defensa: no son tantos, sí vamos bajando, pero eso, al final, hace que no estemos seguras de que se estén registrando adecuadamente”.
Puso como ejemplo los casos de Luz Raquel en Jalisco, Debanhi en Monterrey y de Ariadna en la Ciudad de México, en los que en un inicio se informó que lo que les ocurrió había sido consecuencia de sus propias decisiones.
En Monterrey una de las hipótesis que se difundió, incluso por una filtración en medios, fue que Debanhi había caído a la cisterna; en el caso de la activista de Jalisco que ella misma se había prendido fuego.
Ante los directivos, editores y periodistas de la OEM afirmó que se desconoce en realidad qué se está haciendo para atender los orígenes de la violencia feminicida, porque lo que sabemos es que la violencia contra ellas inicia y se encuentra en el seno familiar.
Hasta ahora, en lo que va de la administración, 2019 es el año con más víctimas registradas, según el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al sumar mil 16 víctimas. De ellas un gran porcentaje tuvieron como agresor a su pareja sentimental, dentro de sus propios domicilios, cuando se supone que el más seguro es su propia casa.
Puntualizó que lo que persiste es un discurso que las estigmatiza, revictimiza e impide verdaderas políticas de prevención.
Canjura acusó que en los últimos años lo que existe es un retroceso en programas de apoyo a las mujeres como grupo vulnerable, por ejemplo en materia de cuidados donde existían guarderías de bajo costo, comedores comunitarios, ciudades para personas de la tercera edad e inclusive en el cierre de hospitales psiquiátricos para atención de internamiento.
Aunque en principio parecieran no estar ligadas con las mujeres, al final les coarta libertad para trabajar y desarrollarse porque no existe una estructura del Estado que les permita relevarlas en esas labores.
Acusó que como en otros casos lo poco que se había alcanzado se eliminó bajo la acusación de corrupción sin sanción y en cambio sólo se decidió cerrar todo esto sin considerar que son las mujeres a las que se les carga esa labor.
Al moderar el análisis virtual, la directora nacional editorial de la OEM, Martha Ramos Sosa, anunció que para el próximo año el consejo se regionalizará para abordar los desafíos que enfrenta la agenda de género a nivel local.
Indicó que la tarea de los medios de comunicación es reflejar lo que ocurre en materia legal, con las reformas legislativas para ampliar los derechos de género, hasta ahora el país no es un todo homogéneo.
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Citó que aunque todas las entidades han aprobado el matrimonio igualitario, hasta octubre en sólo once estados se ha despenalizado el aborto y en 19 se cuenta con una ley de identidad de género.
Leslie Jiménez, quien es abogada feminista expresó que a pesar de que desde la reforma de derechos humanos en 2011 el Estado mexicano hay reconocimiento sobre la violencia de género “este año hemos podido advertir, con una serie de casos de la violencia feminicida o de desapariciones, en donde la articulación de las autoridades está ausente.
“El caso de Debanhi nos va a marcar desde varias aristas porque no se dio una articulación entre la Comisión Nacional de Búsqueda, la comisión estatal, las fiscalías, las policías y en esto la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y la ley general en materia de desapariciones son bastante específicas en qué hacer en caso de desaparición de una mujer y en el caso de ella no se llevó a cabo”.
Jiménez refirió que en las protestas de las mujeres para exigir que se atienda la violencia, la única respuesta del Estado es la excusa porque consideran que con aprobar la ley es suficiente, falta esa articulación.
En consecuencia “la falta de articulación entre las autoridades deviene de un discurso revictimizante y así lo vimos en el caso de Debanhi”.
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Gabriela Ramírez, integrante del centro de información de la ONU México y quien es consejera permanente de OEM dijo que el año pasado más o menos 81 mil mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente en el mundo y 45 mil fueron a manos de sus parejas y otros familiares, y la cifra no está bajando.
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