/ martes 26 de diciembre de 2023

Crónicas Tijuanenses | A doce años de la demolición de la ocho

Para el arquitecto Saúl Torres*

El próximo 30 de diciembre, se cumplirán 12 años del daño patrimonial causado al municipio de Tijuana por autoridades y Cabildo (con excepciones) del XX Ayuntamiento, encabezado por Carlos Bustamante (01/12/2010-30711/2013).

A finales de 2011, surgió la iniciativa aparentemente positiva: remodelación del centro de la ciudad, deprimido comercialmente por la inseguridad de los años anteriores, que provocó el cierre de comercios en el centro ante el embate del crimen organizado, que para entonces ya se había reducido gracias a la acción conjunta de autoridades de las tres instancias.

La autoridad, puso los ojos en los edificios municipales ubicados en la avenida Constitución y calle Octava: antigua Comandancia de Policía, Cárcel Preventiva Municipal, Estación No. 1 de Bomberos y Talleres Municipales. La idea del alcalde fue venderlos y con el recurso obtenido fundar un fideicomiso para la revitalización del Centro Histórico.

El problema fue que se tomaron resoluciones sin considerar al pueblo de Tijuana y particularmente a los ciudadanos preocupados por el tratamiento legal al proceso de venta de los edificios, su posible e innecesaria destrucción y el manejo de los recursos. Al conocerse las intenciones de la autoridad, diversas organizaciones civiles se inconformaron, porque los edificios tenían valor histórico y cultural. Por su ubicación y antecedentes históricos, se les consideraban “Patrimonio Cultural del Estado”.

No interesó a la autoridad, la opinión del pueblo ni los serios argumentos de las organizaciones civiles. El 24 de diciembre, el cabildo, como regalo navideño, acordó desincorporar los edificios que entonces denominaron de “la ocho”, salvando leyes y omitiendo diversas instancias durante el proceso. Se invirtieron varios millones de pesos en la innecesaria e ilegal destrucción de los edificios señalados para venderlos a empresarios “amigos de la autoridad”. El 30 de diciembre de 2011, por la tarde-noche, por órdenes del alcalde, sin autorización formal de Cabildo, se causó un quebranto al destruirse lo que fue patrimonio histórico de la ciudad. Que causó las indignación y crítica de la población.

Cuando se le entrevistó al alcalde Bustamante sobre los hechos dijo que sólo protestaron uno cuantos… con intereses políticos. Y más tarde en otra entrevista, contestó que las críticas “le valían…” Por cierto, cuando se presentó en el Ayuntamiento la oferta de venta del predio, nadie se atrevió a comprarlo. El XXI Ayuntamiento de Jorge Astiazarán, construyó en el sitio “El Parque de la Ocho”.

Envío: ¿Y la remodelación del Centro Histórico? Sigue esperando…

Nota: Algunos datos fueron tomados del ensayo sobre la demolición, del arquitecto Saúl Torres. https://torressaul.files.wordpress.com/2023/12/la-tranza-de-desincorporacion-e-edicion.pdf

(El autor es Cronista de la ciudad y catedrático del CUT)

Correo electrónico: marioortizvillacorta@gmail.com

Para el arquitecto Saúl Torres*

El próximo 30 de diciembre, se cumplirán 12 años del daño patrimonial causado al municipio de Tijuana por autoridades y Cabildo (con excepciones) del XX Ayuntamiento, encabezado por Carlos Bustamante (01/12/2010-30711/2013).

A finales de 2011, surgió la iniciativa aparentemente positiva: remodelación del centro de la ciudad, deprimido comercialmente por la inseguridad de los años anteriores, que provocó el cierre de comercios en el centro ante el embate del crimen organizado, que para entonces ya se había reducido gracias a la acción conjunta de autoridades de las tres instancias.

La autoridad, puso los ojos en los edificios municipales ubicados en la avenida Constitución y calle Octava: antigua Comandancia de Policía, Cárcel Preventiva Municipal, Estación No. 1 de Bomberos y Talleres Municipales. La idea del alcalde fue venderlos y con el recurso obtenido fundar un fideicomiso para la revitalización del Centro Histórico.

El problema fue que se tomaron resoluciones sin considerar al pueblo de Tijuana y particularmente a los ciudadanos preocupados por el tratamiento legal al proceso de venta de los edificios, su posible e innecesaria destrucción y el manejo de los recursos. Al conocerse las intenciones de la autoridad, diversas organizaciones civiles se inconformaron, porque los edificios tenían valor histórico y cultural. Por su ubicación y antecedentes históricos, se les consideraban “Patrimonio Cultural del Estado”.

No interesó a la autoridad, la opinión del pueblo ni los serios argumentos de las organizaciones civiles. El 24 de diciembre, el cabildo, como regalo navideño, acordó desincorporar los edificios que entonces denominaron de “la ocho”, salvando leyes y omitiendo diversas instancias durante el proceso. Se invirtieron varios millones de pesos en la innecesaria e ilegal destrucción de los edificios señalados para venderlos a empresarios “amigos de la autoridad”. El 30 de diciembre de 2011, por la tarde-noche, por órdenes del alcalde, sin autorización formal de Cabildo, se causó un quebranto al destruirse lo que fue patrimonio histórico de la ciudad. Que causó las indignación y crítica de la población.

Cuando se le entrevistó al alcalde Bustamante sobre los hechos dijo que sólo protestaron uno cuantos… con intereses políticos. Y más tarde en otra entrevista, contestó que las críticas “le valían…” Por cierto, cuando se presentó en el Ayuntamiento la oferta de venta del predio, nadie se atrevió a comprarlo. El XXI Ayuntamiento de Jorge Astiazarán, construyó en el sitio “El Parque de la Ocho”.

Envío: ¿Y la remodelación del Centro Histórico? Sigue esperando…

Nota: Algunos datos fueron tomados del ensayo sobre la demolición, del arquitecto Saúl Torres. https://torressaul.files.wordpress.com/2023/12/la-tranza-de-desincorporacion-e-edicion.pdf

(El autor es Cronista de la ciudad y catedrático del CUT)

Correo electrónico: marioortizvillacorta@gmail.com