/ jueves 21 de diciembre de 2023

Texas: Ley SB4

El gobernador Greg Abbott firmó la Ley SB4 este lunes en Brownsville, TX, que incluye tres normas avaladas por el Congreso del estado de Texas. La Ley es la más estricta contra los inmigrantes en Estados Unidos en los últimos 20 años. La Ley SB4 entrará en vigor en marzo del próximo año. La primera norma criminaliza a los migrantes que cruzan la frontera de Texas –cerca de 2 mil kilómetros- desde México. Con lo cual es un delito la llegada irregular al territorio texano y permite a las autoridades estatales la deportación. La norma concede a las autoridades optar por la deportación a México de todo sospechoso de haber ingresado a Texas de manera irregular. Si los migrantes no abandonan Estados Unidos, puede tener una condena de entre dos y 20 años de prisión (El País, 18 diciembre 2023).

El gobernador Abbott también ha aprobó una segunda iniciativa que permite el uso de 1.500 millones de dólares extraordinarios para reforzar la vigilancia de la frontera con México. Parte de los recursos permitirán construir más kilómetros de muro migratorio.

La tercera iniciativa, que entraría en vigor en febrero, endurece las penas para los traficantes de personas. El gobernador Abbott aseguró que en 2017 se detuvieron a 317 personas acusadas de tráfico de migrantes. Este año se han detenido a más de tres mil. La norma firmada eleva las penas a 10 años para la trata de personas y crea otra sanción de cinco años de cárcel para cualquiera que opere o ayude a la operación de una casa de seguridad en el estado (El País, 19 diciembre 2023).

El estado texano tiene cerca de diez millones de habitantes de origen mexicano. La mayoría no votan, porque suelen no registrarse electoralmente y los que votan han favorecido a los candidatos republicanos.

La narrativa del gobernador Abbott se basa en una deliberada falta de acción del Gobierno federal, por lo cual el estado de Texas tiene que defenderse a sí mismo (sic). Cerca del 60 por ciento del total (6, 830, 287 millones de detenciones) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ocurren en la región fronteriza texana con México desde enero del 2021 a octubre del 2023 (USCBP, 14 noviembre 2023).

Recientemente CBP anunció que suspendería temporalmente las operaciones en los puentes ferroviarios internacionales en Eagle Pass y El Paso, Texas, debido a un aumento en los cruces fronterizos de migrantes. Las autoridades fronterizas detuvieron a 192.000 inmigrantes en los puertos de entrada en noviembre, un aumento del 2% en comparación con las 188.000 detenciones de inmigrantes en octubre. Igualmente, en el puerto fronterizo de San Ysidro, CA se cerró un cruce peatonal hacia Estados Unidos para reorientar al personal migratorio a atender las solicitudes de asilo. Esta creciente movilidad humana ocurre entre otros factores, por las diversas opciones de inmigración a los migrantes irregulares de parte del gobierno estadounidense a partir del 5 de enero del año en curso.

El gobernador Abbott ha promulgado las leyes dos días después de que el expresidente Trump prometiera la mayor deportación de inmigrantes si retorna a la Casa Blanca en 2025. El expresidente aseguró en New Hampshire que los migrantes “envenenan la sangre de Estados Unidos” (sic)

La ley firmada por el gobernador Abbott es más drástica que la ley SB1070 aprobada por el gobierno de Arizona en 2010. Esta ley permitía a la policía solicitar documentos migratorios a cualquier persona y en cualquier momento para poder comprobar su estatus legal en el territorio.

La ley 4 sería derogada por la Suprema Corte en el corto plazo por las siguientes razones: sustituye a la legislación federal, promueve el perfilamiento racial, el acoso y autoriza inconstitucionalmente a las autoridades locales a deportar a personas sin el debido proceso, sin importar si los inmigrantes buscan asilo u otras protecciones humanitarias.

La ley texana se contextualiza bajo la negociación de la Casa Blanca y el Senado para llegar a un acuerdo sobre seguridad fronteriza, que implicaría un mayor control fronterizo de parte del gobierno federal. A cambio de ello, los republicanos en el Congreso avalarían ayudas para Ucrania, Israel y otras necesidades de seguridad nacional.

El gobernador Greg Abbott firmó la Ley SB4 este lunes en Brownsville, TX, que incluye tres normas avaladas por el Congreso del estado de Texas. La Ley es la más estricta contra los inmigrantes en Estados Unidos en los últimos 20 años. La Ley SB4 entrará en vigor en marzo del próximo año. La primera norma criminaliza a los migrantes que cruzan la frontera de Texas –cerca de 2 mil kilómetros- desde México. Con lo cual es un delito la llegada irregular al territorio texano y permite a las autoridades estatales la deportación. La norma concede a las autoridades optar por la deportación a México de todo sospechoso de haber ingresado a Texas de manera irregular. Si los migrantes no abandonan Estados Unidos, puede tener una condena de entre dos y 20 años de prisión (El País, 18 diciembre 2023).

El gobernador Abbott también ha aprobó una segunda iniciativa que permite el uso de 1.500 millones de dólares extraordinarios para reforzar la vigilancia de la frontera con México. Parte de los recursos permitirán construir más kilómetros de muro migratorio.

La tercera iniciativa, que entraría en vigor en febrero, endurece las penas para los traficantes de personas. El gobernador Abbott aseguró que en 2017 se detuvieron a 317 personas acusadas de tráfico de migrantes. Este año se han detenido a más de tres mil. La norma firmada eleva las penas a 10 años para la trata de personas y crea otra sanción de cinco años de cárcel para cualquiera que opere o ayude a la operación de una casa de seguridad en el estado (El País, 19 diciembre 2023).

El estado texano tiene cerca de diez millones de habitantes de origen mexicano. La mayoría no votan, porque suelen no registrarse electoralmente y los que votan han favorecido a los candidatos republicanos.

La narrativa del gobernador Abbott se basa en una deliberada falta de acción del Gobierno federal, por lo cual el estado de Texas tiene que defenderse a sí mismo (sic). Cerca del 60 por ciento del total (6, 830, 287 millones de detenciones) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ocurren en la región fronteriza texana con México desde enero del 2021 a octubre del 2023 (USCBP, 14 noviembre 2023).

Recientemente CBP anunció que suspendería temporalmente las operaciones en los puentes ferroviarios internacionales en Eagle Pass y El Paso, Texas, debido a un aumento en los cruces fronterizos de migrantes. Las autoridades fronterizas detuvieron a 192.000 inmigrantes en los puertos de entrada en noviembre, un aumento del 2% en comparación con las 188.000 detenciones de inmigrantes en octubre. Igualmente, en el puerto fronterizo de San Ysidro, CA se cerró un cruce peatonal hacia Estados Unidos para reorientar al personal migratorio a atender las solicitudes de asilo. Esta creciente movilidad humana ocurre entre otros factores, por las diversas opciones de inmigración a los migrantes irregulares de parte del gobierno estadounidense a partir del 5 de enero del año en curso.

El gobernador Abbott ha promulgado las leyes dos días después de que el expresidente Trump prometiera la mayor deportación de inmigrantes si retorna a la Casa Blanca en 2025. El expresidente aseguró en New Hampshire que los migrantes “envenenan la sangre de Estados Unidos” (sic)

La ley firmada por el gobernador Abbott es más drástica que la ley SB1070 aprobada por el gobierno de Arizona en 2010. Esta ley permitía a la policía solicitar documentos migratorios a cualquier persona y en cualquier momento para poder comprobar su estatus legal en el territorio.

La ley 4 sería derogada por la Suprema Corte en el corto plazo por las siguientes razones: sustituye a la legislación federal, promueve el perfilamiento racial, el acoso y autoriza inconstitucionalmente a las autoridades locales a deportar a personas sin el debido proceso, sin importar si los inmigrantes buscan asilo u otras protecciones humanitarias.

La ley texana se contextualiza bajo la negociación de la Casa Blanca y el Senado para llegar a un acuerdo sobre seguridad fronteriza, que implicaría un mayor control fronterizo de parte del gobierno federal. A cambio de ello, los republicanos en el Congreso avalarían ayudas para Ucrania, Israel y otras necesidades de seguridad nacional.