El expresidente Donald Trump compareció el jueves 3 de julio ante un tribunal de la ciudad de Washington, DC por una acusación de cuatro cargos penales, de parte del fiscal especial Jack Smith con motivo de pretender anular las elecciones presidenciales de 2020. Los cargos penales son: conspiración para defraudar a los Estados Unidos; conspiración para obstruir un acto oficial; obstrucción e intento de obstruir de un acto oficial; y conspiración contra los derechos de otros.
El expresidente también está imputado en Nueva York por falsificación contable y en Miami por tenencia ilícita de material clasificado de seguridad nacional. Es la tercera imputación contra el expresidente en cuatro meses, en un contexto en donde lidera la competencia de los candidatos republicanos por la nominación presidencial.
El expresidente Trump compareció ante la jueza de instrucción Moxila Upadhyaya. El manejo del caso estará a cargo de la juez federal de distrito Tanya Chutkan, quien se ha pronunciado repetidamente en términos enérgicos contra las acciones de anular las elecciones e interrumpir la transferencia pacífica del poder. Por tal razón la defensa legal han solicitado el cambio de la juez Chutkan y que no se efectué el juicio en la ciudad de Washington, DC por el sesgo demócrata del contexto social de la capital federal y porque la juez fue nominada por expresidente Obama. El equipo del fiscal especial Jack Smith no pidió la prisión preventiva para el expresidente Trump. Situación que refleja una cierta consideración política al expresidente, por las implicaciones de una acción legal de tan naturaleza.
El expresidente Trump se declaró inocente de los cuatro cargos penales ante la Corte de la ciudad de Washington. Es la primera ocasión que el Departamento de Justicia acusa a un expresidente en la historia política estadounidense. Lo cual ha sido criticado de manipulación política por el propio expresidente.
El fiscal especial Jack Smith ha expresado que el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos fue "alimentado por 21 mentiras" narradas por el expresidente Trump. El reto que tendrá la juez Chutkan es comprobar la veracidad de tales medidas y que efectivamente se hayan obstaculizado los derechos electorales ciudadanos.
Una conclusión de un Comité Especial del Congreso estadounidense, formado por legisladores de los dos partidos, que le investigó durante 18 meses el asalto al Capitolio, concluyó que el expresidente Trump puso al país al borde de un golpe de Estado. Sin embargo, no hubo sanciones.
El exvicepresidente Mark Pence que también es candidato presidencial dijo que "cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente, en referencia al expresidente Trump.
El presidente de la Cámara de los Representantes, el republicano Kevin McCarthy, ha asegurado que el Departamento de Justicia intenta distraer la atención de la población de las “recientes” noticias sobre Hunter Biden, -hijo del presidente Biden- que supuestamente habría recibido dinero de una empresa energética china China, con vínculos con el Partido Comunista.
La defensa del expresidente Trump, en la que ha gastado 43 millones de dólares en lo que va de año, mantiene que no puede tener un juicio ―o juicios― justo antes de las elecciones, y ha optado por una estrategia dilatoria.
El candidato Trump ha hecho de su desafío legal una pieza central de su campaña, estrategia que probablemente se intensificará si es elegido candidato republicano en las primarias de este año. Lo cual fortalecería su visibilidad y aumentará la polarización política, ideológica y política.
La estrategia de dilación tiene el propósito de ganar tiempo para obtener la nominación como candidato presidencial y posteriormente ascender a la Presidencia, lo que le daría la oportunidad de instalar a funcionarios del Departamento de Justicia afines o incluso intentar indultarse a sí mismo si es condenado por alguna de las causas. Cabe mencionar que la acusación en sí, ni una condena impedirían al expresidente Trump presentarse o ganar las elecciones en 2024 (El País, 30 julio 2023).
Una de las principales estrategias de la defensa legal, a cargo de John Lauro, uno de los abogados de Trump, será apelar a la Primera Enmienda de la Constitución, la que convierte el derecho a expresarse. Dicha Enmienda establece que: "El Congreso no hará ley alguna con respecto al establecimiento de religión, o prohibiendo el libre ejercicio de la misma; o coartando la libertad de palabra, o de imprenta; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y de pedir al gobierno la reparación de agravios."
La Primera Enmienda garantiza la libertad de expresión, lo que significa que los ciudadanos estadounidenses, incluidos los políticos, tienen el derecho de expresar sus opiniones y pensamientos sin temor a la censura o represalias del gobierno. Esto incluye el derecho a la libertad de palabra, de prensa y de expresión artística.
Desde la perspectiva de la defensa legal del expresidente Trump, las acusaciones por las cuales se le ha imputado tiene que ver con peticiones aspiracionales: “pedir a las legislaturas estatales, pedir a los gobernadores, pedir a los funcionarios electorales estatales que hicieran lo correcto”. Incluso las peticiones al vicepresidente [Mike] Pence estaban protegidas por la libertad de expresión” (El País, 6 agosto 2023). Desde la perspectiva del abogado John Lauro, el expresidente Trump “tenía derecho a hacer esas peticiones incluso a los gobiernos estatales, pero eso no implica una obstrucción al Gobierno federal” (El País, ibídem).
Será interesante la manera en que la juez Tanya Chutkan interpreta este argumento de la Primera Enmienda Constitucional de los Estados Unidos la cual protege el derecho de los políticos a criticar al gobierno y a expresar desacuerdo con las políticas y acciones gubernamentales. Esto se considera esencial para el funcionamiento de una democracia robusta. Sin embargo, una diferencia importante es que las críticas del expresidente Trump tenían el propósito de violar derechos fundamentales como el voto electoral ciudadano, decisiones electorales institucionalizadas que legitiman un sistema democrático sólido y representativo.
El proceso de detener y encarcelar a un ex presidente electo es complejo y está sujeto a ciertas protecciones legales y constitucionales que se aplican a cualquier ciudadano. En general, las autoridades deben cumplir con el debido proceso legal y respetando los derechos constitucionales del individuo, incluido el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y otros derechos fundamentales. Estos derechos están siendo planteados por la defensa legal del ex presidente Trump.
La Constitución de los Estados Unidos y las leyes que protegen los derechos civiles y las libertades individuales establecen un alto umbral para justificar la privación de la libertad de una persona, especialmente si esa persona ha ocupado el cargo presidencial. Estos aspectos legales –además de los políticos- serán los retos de las tres Fiscalías que llevan las denuncias hacia el expresidente Trump.
