Tijuana.- El traslado oficial de la Guardia Nacional (GN), al ejército mexicano, no va a mejorar el problema en materia de seguridad pública en el país, porque para eso es necesaria la participación de todos los sectores de la sociedad, consideró José Andrés Sumano Rodríguez, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Mencionó que la estrategia de usar militares para tratar de atender el problema de seguridad pública no es nueva, sino que se ha realizado por más de 18 años “sin dar los resultados necesarios''.
Recordó que la GN, creada en marzo del 2019, se desarrolló con plazas y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), incluso con sus recursos presupuestales, por lo que su traslado fue un “trámite administrativo”.
Consideró que las fuerzas armadas pueden utilizarse para la recuperación de territorios tomados por el crimen organizado, sin embargo, “no tiene las capacidades ni atribuciones” de hacer las tareas de policía como se pretende, ni “tampoco investiga ni corrige las deficiencias de la justicia”.
“Puedes recuperar un territorio, pero mientras no se investiguen los delitos, el poder judicial no funcione bien, las fiscalías no armen bien los expedientes, de poco va a servir”, apuntó José Andrés Sumano Rodríguez.
Mencionó que es necesario fortalecer las instituciones para tener policías capacitados, y dotados de tecnología, así como una fiscalía que investigue y un poder judicial que sancione los delitos.
“Mientras no tengas eso, la impunidad sigue presente por más ejército que tengas en las calles”.
En cambio, añadió, “es un riesgo la ocupación del ejército (..) porque sí está correlacionado el aumento en las violaciones de los derechos humanos en esos sitios”, señaló el académico.
LOS EXPEDIENTES
En el 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 87a la Sedena por “la retención ilegal, incomunicación y tortura” durante la intervención militar para restablecer la seguridad en la ciudad, entre el 2008 y el 2010.
La CNDH aún continúa emitiendo recomendaciones por “detención arbitraria, retención ilegal y actos de tortura”, acciones cometidas por el ejercito contra dos víctimas en el 2011 en también en esta ciudad, según el folio 001/2022.
José Andrés Sumano Rodríguez indicó que los militares son grupos armados que se utilizan para combatir a otro grupo armado y en este sentido “los derechos humanos no están dentro de sus prioridades”.
“El ejercito es por tradición muy opaca, no le gusta dar información (..) eso facilita que pasen mucho este tipo de cuestiones de violación de derechos humanos”, añadió.
CASOS DE ÉXITO
Respecto a los resultados en estos 18 años de intervención del ejército en tareas de seguridad pública, José Andrés Sumano Rodríguez mencionó que en su mayoría son a corto plazo, porque una vez recuperado el territorio deben moverse a otra emergencia.
Hay excepciones, como por ejemplo el estado de Coahuila, que entre 2010 al 2012 registraba los índices más altos de incidencia delictiva en el país y hoy tiene uno de los registro más bajos, casi igual que el estado de Yucatán, agregó.
Esto fue a partir de la construcción de mejoras en la policía y la fiscalía; acuerdos y coordinación entre las autoridades, el empresariado y la sociedad, explicó.
“El ejército es un complemento para restablecer la seguridad, pero no el único actor ni el principal”, aclaró.
Uno de los argumentos del ejecutivo federal para llevar la Guardia Nacional a la Sedena es que esto evitaría que los elementos se corrompan, pero el académico dijo que no hay sustento para decir que la milicia es menos corrupta que las corporaciones policiacas.
“Lo que sí hay evidencia es que la ciudadanía confía más en el ejército que en las policías”, resaltó.
Recordó casos de corrupción emblemáticos, como el del general Gutierrez Rebollo.
Comentó que las fuerzas militares, al ser desplegadas en tareas de seguridad y estar más en contacto con estas situaciones “se vuelven más vulnerables a ser corrompidas”.
ENTREGAR LA GN AL EJÉRCITO ES INCONSTITUCIONAL
La propuesta de pasar la operación de la Guardia Nacional a la Sedena viola el artículo 21 de la Constitución Mexicana y contraviene la sentencia en el caso de Álvaro Espinoza y otros contra México, aseguró Miguel Carbonell, abogado constitucionalista.
“El artículo 21 de la Constitución dice que las instituciones encargadas de seguridad pública son de carácter estrictamente civil, no militar”, señaló.
Si la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya aprobada por la cámara de diputados y pendiente de votación en el Senado donde no le alcanzan los votos es aprobada, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la que deberá resolver la controversia.
