El albergue Embajada Migrante, ubicado en Playas de Tijuana, continúa cerrado al no haber garantía de seguridad de sus ocupantes ante la denuncia pública que hicieron por amenazas e intentos de extorsión de parte del crimen organizado, dijo Hugo Castro, integrante de la Coalición S.O.S. Migrante.
Afirmó que las amenazas existen y no han sido atendidas por ninguna autoridad y en el espacio estaban refugiados alrededor de 50 migrantes.
Durante una conferencia semanal del gobierno del estado, el pasado 30 de noviembre, el fiscal general de Baja California, Iván Carpio, descartó que hubiera algún delito de extorsión contra los migrantes que acuden al albergue, y dijo que el conflicto era entre los administradores del lugar.
El fiscal señaló que luego de una serie de investigaciones se concluyó que había diferencias políticas entre ellos.
“El fiscal falta a la verdad para minimizar los hechos, como pasa siempre cuando se trata de violaciones contra migrantes”, respondió Hugo Castro a las declaraciones del fiscal.
Agregó que la autoridad sólo atiende aquellos casos que tienen un impacto mediático, como sucedió en el albergue Movimiento Juventud 2000, cuando dos hombres armados amenazaron con incendiar el lugar si no quitaban a los migrantes que dormían en la calle, el pasado mes de septiembre.
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El activista mencionó que también han interpuesto quejas ante la Sindicatura Procuradora Municipal por allanamiento del albergue por elementos de la policía municipal y por maltrato físico contra los migrantes, sin que se haya hecho algo al respecto.
Añadió que presentaron quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la falta de garantías.
Por su parte, Iván Carpio aseguró que la Fiscalía no tiene registro de ninguna denuncia formal por delitos cometidos contra el albergue o sus ocupantes.
