Daniel Ángel Rubio
No hubo una sola crítica o cuestionamiento sobre el proyecto. Era la “solución a múltiples problemas”, no le costaría nada a la ciudad que ganaría una mejor plaza pública y hasta algo de dinero.
Era la administración del alcalde Jorge Ramos Hernández (2007-2010), y el Cabildo autorizaba concesionar la construcción y operación de un estacionamiento junto al palacio municipal.
“Es el bien de Tijuana el que nos tiene aquí a todos los que estamos participando”, dijo el presidente municipal aquel 24 de marzo del 2009, y todos los regidores del cabildo votaron a favor de la concesión por hasta 30 años.
Hoy ese estacionamiento subterráneo opera parcialmente y la ciudad no tiene un punto de reunión para celebraciones como el Grito de Dolores o el Aniversario de la ciudad, porque no es seguro poner mucho peso sobre la plancha de concreto.
“A partir de la cuestión del temblor de hace una semana, dos semanas, va a haber necesidad tal vez de pedir a alguien que nos haga un peritaje de las condiciones actuales”, dice Everardo Lona López, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Tijuana.
Comenta que es una revisión de rutina como se hace en el mismo palacio municipal y puentes de la ciudad, aunque no hay mucha claridad sobre la estructura concesionada a la empresa Administradora de Obras y Concesiones.
El primero que detuvo sus operaciones parcialmente fue el presidente municipal Jorge Astiazarán, cuando en septiembre del 2014 reveló que no era seguro reunir a los tijuanenses en ese lugar para las Fiestas Patrias.
El gobierno de la ciudad había encontrado grietas por las que al parecer trasminó agua acumulada en la parte alta, y la empresa estaba realizando trabajos para sostener un importante hundimiento en una de las esquinas de la construcción.
En 2015 el lugar fue clausurado por completo, y así duró hasta el año pasado, cuando este ayuntamiento del alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), igual que el de Jorge Ramos, autorizó su reapertura.
“Para nuestra sorpresa, esta administración habilita de nueva cuenta el inmueble sin habernos avisado, y sin haber informado a la ciudadanía si precisamente aquellas características que motivaron que estuviera suspendido ya se habían reparado”, comenta el regidor Roberto Quijano.
En el tema falta tanta luz como en el sótano 2 del estacionamiento que está cerrado al público en general. Un listón amarillo con la leyenda “Precaución” avisa a los conductores que no pueden pasar al nivel más bajo.
Detrás del cordón, y en el piso que inferior, fueron colocadas estructuras tubulares de metal justo en los puntos donde se estaban presentando los hundimientos.
También hay salitre, muestra de humedad que el secretario de Desarrollo Urbano atribuye quizá a las áreas verdes, los sistemas de riego o hasta a las últimas lluvias.
¿Para ustedes ahorita ese estacionamiento es seguro?
“Pues ha estado funcionando, no hemos encontrado algo adicional, o que alguien se haya quejado porque tenga un deterioro”, responde el funcionario municipal que llegó al cargo en julio del 2018, tres meses después de la reapertura.
Esa misma falta de certeza hay en el Colegio de Ingenieros de Tijuana, aunque ellos participaron en la opinión técnica sobre las condiciones de la estructura de concreto luego de las fallas que llevaron a la clausura.
Gustavo Mesinas Sánchez, ingeniero estructurista, dice que encontraron materiales que estaban trabajando al máximo de su capacidad, algunas fallas estructurales además de trabes con fisuras, así que emitieron recomendaciones de solución.
Explica que la empresa presentó y llevó a cabo otro proyecto para resolver los problemas, y cuando los especialistas pidieron los resultados para verificar que las medidas funcionaran, ya no hubo respuestas oficiales.
“Por esa situación, nosotros como Colegio decidimos retirarnos de la opinión que habíamos emitido. Porque no queríamos involucrarnos ya en algo que realmente no tenemos forma de comprobar si esas soluciones son adecuadas o no”, dijo Gustavo Mesinas.
El secretario de Desarrollo Urbano apuntó que la empresa concesionaria también es responsable de hacer sus propias revisiones, aunque admitió que no ha tenido ninguna reunión con Administradora de Obras y Concesiones.
Y ese mismo descuido es notorio en la explanada que hace el techo del estacionamiento, donde la ornamentación luce abandonada.
“El concesionario tiene una responsabilidad de darle mantenimiento a la estructura. De hecho nosotros nos encargamos más de la forestación lateral. La poda de los árboles o el césped”, dijo Everardo Lona.
Pero no hay nada abandonado, porque algunos de los ciudadanos que acuden a las oficinas de gobierno pagan en el estacionamiento una tarifa de 15 pesos por la primera hora, y cinco pesos más por cada media hora adicional.
La tarifa original aumentó desde hace tiempo, y lo prueba la actualización hecha con un pedazo de cinta adhesiva o papel sobrepuesto en los letreros ubicados junto al cajero para pagar el servicio.
Una parte de cada boleto, según lo aprobado por el Cabildo, tendría que ir a las arcas del Ayuntamiento de Tijuana, pero hasta el cierre de edición no fue posible confirmar si la ciudad ha recibido esa contraprestación.
Incluso la cantidad de usuarios es desconocida, al grado de que el regidor Roberto Quijano y el secretario Everardo Lona especulan si la razón por la que sólo funciona uno de los dos pisos del estacionamiento es la poca demanda.
Para el mismo Quijano Sosa, simplemente se trata de un asunto público más de este ayuntamiento en el que falta transparencia, y lleva de por medio la seguridad de los ciudadanos.
“Esperemos que si ya se permitió el uso otra vez del estacionamiento, reúna los requisitos. Si no, habría una gravísima responsabilidad no solamente del concesionario, sino de quien autorizó de nueva cuenta su uso”, comenta.
Además no es la primera vez que esta compañía deja dudas sobre su capacidad, a pesar de que ha recibido varios contratos de obra pública en el estado.
Administradora de Obras y Concesiones fue creada en 2006, según documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), con aportaciones de Constructora Makro S.A. de C.V.; Urbanización y Riego de Baja California S.A. de C.V; Futura Industrial S.A. de C.V., e Ingeniería de bombas y controles S.A. de C.V.
La empresa Makro construyó en Tijuana el Paso Exprés 20 de noviembre, donde después de tres años de trabajo con un año de retraso, su inauguración en 2017 mostró deficiencias que cuestionaron especialistas.
La empresa realizó trabajos de reparación lejos del ojo público, y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue), puso en operación el paso a desnivel.
En este caso el contrato que recibió del Ayuntamiento de Tijuana, según el mismo acuerdo de Cabildo, es como parte del “Zócalo 11 de julio”, que sigue combatiendo en tribunales los amparos que detuvieron su construcción, pero por ahora no se ven unidos.
“La integración no podrá ser posible mientras el municipio no resuelva la situación estructural de ese estacionamiento”, afirmó Raymundo Arnaiz, comisario del Patronato del Zócalo 11 de julio.
Entonces no tenemos la plaza pública que nos prometieron a cambio de concesionar el estacionamiento y desaparecer una calle para construir la salida de los vehículos, ni certeza de la seguridad de la construcción.
En lo concreto solo parece haber 20 años más de vigencia del contrato de concesión.
- La concesión es por 30 años
- La clausura temporal fue en septiembre del 2014, la total en 2015
- En 2018, este gobierno municipal permitió la reapertura
- El estacionamiento comenzó a operar en 2011
“No tenemos forma de comprobar si esas soluciones son adecuadas o no” Gustavo Mesinas ntegrante del Colegio de Ingenieros Civiles
“La integración no podrá ser posible mientras el municipio no resuelva la situación estructural” Raymundo Arnaiz Comisario del Patronato del Zócalo 11 de julio
“El concesionario tiene una responsabilidad de darle mantenimiento a la estructura” Everardo Lona Titular de SDUE
