El desalojo del ejido Javier Rojo Gómez “obedeció a un mandato judicial” para recuperar la propiedad invadida, por lo que fue necesaria la presencia de la Policía Municipal para conservar el orden, dijo Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana.
El proceso de desalojo de centenares de viviendas ocurrió ayer martes a las 8:00 de la mañana y también hubo presencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General Estatal.
“El mandato judicial dispone el desalojo, y si alguien se pone violento hay que calmarlo”, dijo Montserrat Caballero en referencia a las quejas de algunas personas desalojadas sobre actos violentos.
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Indicó que el uso de la fuerza pública fue una respuesta a la reacción de las personas que estaban siendo desalojadas.
La alcaldesa aclaró que ningún elemento está autorizado para golpear a nadie, solo a calmar la situación en caso de disturbios.
“Estas personas creen que les corresponde el derecho a la tierra, se entiende su situación, por eso no quieren dejar estos predios”, mencionó Caballero Ramírez.
Agregó que en caso de haber sufrido una agresión pueden acudir a interponer su queja contra los policías ante la Sindicatura procuradora municipal.
En un recorrido realizado por El Sol de Tijuana durante el desalojo, una mujer relató que llegaron personas con maquinaria pesada a derribar sus viviendas de madera, sin dar aviso previo, del lugar que las personas llamaban “El Milagro”.
Desde el 20 de mayo en ese sitio habitaban por lo menos 350 familias, comentó una de las personas desalojadas ese día.
“Nos venimos aquí por lo mismo de las rentas caras, ya no podíamos y venimos agarrar un pedacito”, contó.
