Tijuana.- El sótano del Zócalo 11 de Julio será habilitado para recibir algunas oficinas del gobierno estatal hoy dispersas en Tijuana, pero esto no resolverá aún su ubicación definitiva.
La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt), afirma que las adaptaciones ya comenzaron, aunque la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dijo esta semana que siguen revisando costos.
“Estamos evaluando la posibilidad y haciendo una revisión de infraestructura, lo que se requeriría, la inversión que implicaría”, dijo.
Esto significa el regreso de la representación estatal a Zona Río tras la donación del edificio de Centro de Gobierno a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), por parte del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Arturo Espinoza Jaramillo, titular de Sidurt, reiteró que las adecuaciones serán para albergar tanto oficinas de una parte del gabinete estatal, como la oficina de la gobernadora en esta ciudad, y un área de atención al público.
Al ser cuestionado sobre el acuerdo entre el gobierno estatal y el Patronato del Zócalo 11 de Julio, respondió que se trata de un préstamo temporal del espacio.
“No hay un pago de renta. Al final de cuentas, tarde o temprano las desocupamos. No es válido que la gobernadora y el 50% del gobierno del estado en la ciudad estemos brincando de un lado para otro, estamos haciendo un plan para buscar algunas oficinas ya fijas”, abundó.
Espinoza Jaramillo dijo que las oficinas podrían permanecer en la parte baja del zócalo entre un año y dos.
Por su parte, Ávila Olmeda señaló que además de la Oficina del Ejecutivo algunas dependencias con oficinas en este espacio serían el Registro Público de la Propiedad y el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS).
“Esto para tener un lugar cercano a las oficinas del Ayuntamiento de Tijuana, porque sabemos que muchos trámites que requieren los ciudadanos son en el ayuntamiento y otros en el gobierno del estado. Entonces podremos brindarles estas alternativas y facilidades”, expresó.
El secretario de Desarrollo Urbano del estado añadió que IMOS, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Baja California, así como la dependencia que él representa, continuarán con oficinas en el edificio de Conacyt, sobre la carretera Tijuana Tecate, donde las envió Bonilla Valdez.
“Tener una pequeña oficina de atención al público, las oficinas de la gobernadora y su staff, además de un área general para que cuando trabajemos con la gobernadora podamos hacerlo allá también. El área que conocemos como IMOS, seguirá operando”, señaló.
Espinoza Jaramillo consideró que el acuerdo entre el gobierno estatal y el Patronato del Zócalo es “sencillo” y “conveniente” para el mismo zócalo porque hoy se encuentra dañado, vandalizado y con problemas de cableado eléctrico.
“A nadie le torcimos la mano. A ellos les conviene porque cada día les estaban robando. Al patronato le iba a ser muy complicado volverlo a rehabilitar” agregó.
Actualmente, en la parte baja de la plancha de concreto, han sido retirados parte de los escombros y demás objetos que se encontraban ocupando el lugar, aunque aún luce olvidado.
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EL ZÓCALO 11 DE JULIO
El proyecto que consistía en conectar por encima de la canalización del río el Centro de Gobierno, la plaza comercial Plaza Río, Palacio Municipal, el Centro Cultural Tijuana (Cecut), y la nueva e inconclusa Catedral, tiene 7 años sin avances.
La obra impulsada desde los gobiernos del panista Jorge Ramos como alcalde de Tijuana, y de José Guadalupe Osuna Millán como gobernador, fue detenida tras amparos promovidos desde el grupo autodenominado Defensores del Parque Benito Juárez.
En inmediaciones del antiguo centro de gobierno aún hay pintas de integrantes de ese grupo que se oponen a la donación del edificio a la universidad y que han denunciado falta de atención por parte de las autoridades.
Terpsicore Tabares, especialista en cultivos hidropónicos y educación ambiental, también participó en ese movimiento y hoy atiende un Café instalado entre el Palacio Municipal y las áreas verdes, en la zona donde varios comerciantes ofrecen diversos productos y alimentos.
Asegura que el juez les dio la razón en la suspensión por los antecedentes de los predios sobre los que avanzaba la obra de concreto.
“Hay un decreto del ex presidente José López Portillo en 1979, en donde el gobierno federal donó estos terrenos y explica que este espacio se destinará para edificios públicos y un parque central”, mencionó.
Tavares destacó que al incumplir con esto, el área tendría que ser devuelta a la federación.
“Es cuando entraron los amparos para hacer respetar el decreto”, agregó.
En agosto del 2020, a dos meses de terminar su administración, Bonilla Valdez anunció que cancelaría el convenio firmado entre el gobierno estatal y el Patronato, quien informó que recurriría a tribunales sin que hasta ahora haya novedades por el pleito legal.
Terpsicore Tavares consideró como una buena decisión el regreso de algunas oficinas del gobierno estatal a Zona Río, porque eso va de acuerdo con el espíritu original del espacio.
“En mi opinión, todo lo que sea un beneficio para la población es perfecto, lo principal es que las personas realicen en un solo edificio todos sus trámites, ahora está todo dividido”, expresó.
En el edificio ahora propiedad de UABC, donde según el plan oficial habrá algunos servicios médicos para la población, los trabajos de remodelación continúan mientras estudiantes toman clases.
El Sol de Tijuana solicitó una entrevista con Daniel Octavio Valdéz Delgadillo, rector de la UABC para conocer las condiciones actuales del edificio, pero la entrevista no se concretó.
El departamento de Comunicación Social de la universidad respondió que están esperando la conclusión de la obra para posteriormente dar un recorrido a los medios de comunicación por las instalaciones.
Actualmente pueden observarse trabajadores de la construcción realizando trabajos alrededor del también llamado “Palacio Blanco”.
El ex gobernador Jaime Bonilla argumentó que la reubicación de algunas oficinas del gobierno estatal a la zona este de la ciudad obedecía al crecimiento de esa parte de Tijuana, pero al mismo tiempo dispersó varias dependencias en puntos distantes que hoy siguen provocando confusión entre la ciudadanía
Hoy nuevamente los ciudadanos de Tijuana podrán realizar algunos trámites estatales en Zona Río, pero tendrán que esperar al menos tres meses.
Y al ser una salida temporal mientras el gobierno de Marina del Pilar encuentra un lugar para restablecerse definitivamente, significa que en un periodo no mayor a seis años las oficinas estatales habrán sido reubicadas en tres ocasiones.
