Tijuana cuenta desde hace 50 años con una toma de emergencia para abastecerse de agua desde Estados Unidos, una medida que se supone era temporal en lo que México construía la infraestructura para satisfacer la demanda de esta ciudad, pero la tubería sigue en funcionamiento y transportar el líquido por esta vía es cada vez más caro.
La Conexión de Emergencia está en Mesa de Otay y nació 13 años antes de que comenzara a operar el acueducto Río Colorado que hoy bombea agua a su máxima capacidad desde Mexicali.
Debido a que México no ha cumplido, el acuerdo ha tenido que ser renovado cada cinco años y la tubería hoy funciona como complemento para cubrir el aumento de la demanda en verano y ante alguna suspensión del acueducto.
En los últimos cinco años, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), ha pagado 92 millones 865 mil 355 pesos por cuatro millones 506 mil 365 metros cúbicos (m³).
“Tijuana no está comprando agua a Estados Unidos, está comprando el servicio de entrega de agua que le corresponde (..) Esa agua que le va a llegar a Tijuana por el sistema norteamericano, se lo descuentan de lo que debe recibir por el Río Colorado”, dijo Roberto Espinoza, representante de la sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en Tijuana.
Para que el agua llegue a Tijuana tiene que pasar por las Agencias del Estado de California: la Autoridad del Agua del Condado de San Diego (SDCWA), el Distrito Metropolitano del Agua del Sur de California (MWD), y el Distrito de Agua de Otay (OWD).
El director de la CESPT, Víctor Daniel Amador Barragán, añadió que la única diferencia es que por la toma de emergencia el agua llega potabilizada, y las facturas por este servicio obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información muestran que el precio ha venido en aumento.
Mientras que en 2018 la paraestatal solicitó 361 mil 41 metros cúbicos y pagó cinco millones 587 mil 757 pesos, en el 2019 pidió casi el doble, fueron 807 mil 717 metros cúbicos, pero el pago creció casi al triple, 14 millones 369 mil 134 pesos.
En 2020, la CESPT solicitó un millón 719 mil 232 metros cúbicos que fueron suministrados entre agosto y noviembre a cambio de 33 millones 841 mil 152 pesos, por un aumento en el consumo a causa de la pandemia por Covid-19.
Salomón Faz Apodaca, que en ese entonces era titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), dijo que durante la emergencia sanitaria el consumo de agua aumentó 8%.
La toma de emergencia no se utilizó durante el 2021, pero para este año la CESPT hizo una nueva solicitud “debido a la tendencia a la baja en los niveles de agua en La Presa El Carrizo y a la situación del Tanque Otay donde está fuera de operación una cámara por reparaciones”, según la petición oficial obtenida también mediante una solicitud de información pública.
La paraestatal pidió esta vez tres millones 965 mil 760 metros cúbicos distribuidos entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre.
Entre agosto y septiembre ya fueron entregados un millón 618 mil 375 metros cúbicos, y se han pagado hasta el momento 39 millones 67 mil 310 pesos, lo que significa que este año por casi el mismo caudal de 2020 la CESPT ya pagó cinco millones más, cuando aún restan tres meses más de abasto y un millón 400 metros cúbicos
En todos los años el costo incluye, además del traslado, el almacenamiento, bombeo y potabilización del agua.
El costo del metro cúbico que se entrega por la conexión de emergencia está “arriba” de 26 pesos, indicó Amador Barragán, mientras que traerla por el Acueducto del Río Colorado - Tijuana, “es un poquito mucho más barata” porque ronda los 20 pesos, incluyendo en ambos casos la potabilización.
El acuerdo internacional
El representante de la CILA en Tijuana, Roberto Espinoza, explicó que por lo regular esta toma de emergencia se utiliza en el verano, cuando hay “consumo en exceso”, y cuando se programan reparaciones o mantenimiento en la infraestructura de la CESPT.
Su manejo quedó pactado en el acta número 240 de la CILA, firmada el 13 de junio de 1972, cuando ya quedaban asentadas que las condiciones de sequía en la cuenca del Río Tijuana persistían y las fuentes de agua que en ese momento abastecían a 400 mil habitantes, no eran suficientes.
“A menos que se hagan esas entregas de emergencia, la ciudad sufrirá severa escasez de agua”, se lee en la primera acta.
Desde entonces, este acuerdo se ha firmado en 17 ocasiones, aunque las entregas temporales quedaron suspendidas en noviembre de 2013 y fueron reanudadas hasta enero de 2017, según informó la propia CILA en respuesta a una solicitud de información.
Este año México y Estados Unidos firmaron por cinco años más el uso de esta toma y podrá ser utilizada hasta el 2027.
“Hasta que no venga una nueva fuente de abastecimiento, hasta entonces podemos decir que ya no se va a utilizar la conexión de emergencia”, justificó el director de la CESPT.
Actualmente Tijuana es abastecida principalmente por el Río Colorado, y “desde hace mucho tiempo ha rebasado el volumen asignado”, recordó Vicente Sánchez Munguía, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Agregó que otra medida que han tenido que tomar las autoridades bajacalifornianas para satisfacer la necesidad de los tijuanenses, es comprar derechos de agua a los agricultores del Valle de Mexicali donde se queda la mayor parte del caudal que llega desde Estados Unidos.
“Se les paga a los ejidatarios o propietarios de esos títulos que tienen sobrevolúmenes de agua, se les paga para que liberen esa agua a Tijuana”, dijo Sánchez Munguía.
El director de la CESPT confirmó que a la par de la toma de emergencia y el agua del acueducto que corresponde a la zona costa, Tijuana continúa pagando a los distritos de riego de Mexicali.
Esto es porque Tijuana tiene más de dos millones de habitantes y con sus condiciones naturales solo tiene capacidad para abastecer de agua a 200 mil habitantes, dijo Hernando Durán Cabrera, director de Tijuana Verde.
Futuro a corto plazo
La toma de emergencia no se utilizó durante el 2021, pese a que ese año la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cortó el suministro de energía eléctrica a la Comisión Estatal del Agua (CEA).
La CEA es la dependencia pública que administra el acueducto, y compra la energía para su funcionamiento.
En ese momento la CEA acumulaba una deuda de 163 millones 193 mil 181 pesos. Motivo por el cual el Acueducto Río Colorado-Tijuana no estuvo en funcionamiento y Mexicali estuvo impedido para enviar agua al otro extremo del estado.
En ese momento, el ex titular de la Seproa, en conferencia de prensa, aseguró que la presa El Carrizo contaba con una reserva de hasta 40 días, afirmando que la ciudadanía no resultaría perjudicada por falta de agua.
El representante de la CILA en Tijuana dijo que en momentos como ese es cuando la toma de emergencia puede ser utilizada para no dejar sin agua a la ciudad, pero esta alternativa no fue mencionada públicamente por las autoridades en aquel momento.
Y aunque la tubería no mandó agua ese año, la CESPT sí pagó 52 mil 856 dólares para mantener el Fondo de Reserva para Proyectos Programados y Reparaciones Emergentes, utilizado para dar mantenimiento a la infraestructura de norteamérica.
En las actas de la CILA está establecido que la CESPT debe de pagar este fondo por usar la red hidráulica de las Agencias del Estado de California.
El acuerdo también establece que el gobierno mexicano asegurará antes de cada entrega trimestral el pago para cubrir todos los costos del servicio.
Pese a que desde hace 50 años quedó dictaminado que en Tijuana existe un problema de sequía, las autoridades no han tomado medidas para garantizar el suministro permanente de agua a la población.
El problema ha crecido al igual que la población, y este último año el gobierno del estado implementó el programa Contingente de Administración del Agua para recuperar los niveles de la presa El Carrizo, por lo que durante un mes, 378 colonias de Tijuana y Playas de Rosarito, estuvieron sin el servicio durante dos días cada dos semanas.
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Para solucionar el problema de escasez, ahora el gobierno de Baja California contempla en el Plan de Desarrollo Estatal tres desaladoras para la Zona Costa.
Se supone que serán construidas en el periodo 2023-2025, por lo que habrá que esperar para saber si será suficiente, y si la toma de emergencia seguirá operando o no una vez que venza la más reciente prórroga.
