En la Secretaría de la Función Pública todavía no terminan de digerir el escándalo que ha significado el multimillonario fraude a Segalmex y la absolución tácita a su exdirector Ignacio Ovalle, cuando empieza ya a gestarse en su interior nuevas problemáticas que amenazan con golpear nuevamente el discurso de transparencia y de la lucha contra la corrupción que de manera permanente promueve la Cuarta Transformación. El asunto se refiere al accionar de los contralores que la dependencia federal tiene distribuidos en las oficinas de la administración pública, quienes últimamente han dejado de rendir cuentas al equipo de Roberto Salcedo Aquino y definen sus procedimientos bajo las indicaciones que les dictan los directivos de sus organismos compradores.
El caso que, aseguran, se convirtió ya en una bomba de tiempo es el del Servicio de Administración Tributaria, donde el Titular del Órgano Interno de Control, Fernando Gamas Gómez, ha dejado pasar contrataciones plagadas de irregularidades, con la complicidad presuntamente de su Titular del Área de Responsabilidades, Sandra Beatriz Sepúlveda. De entrada, existen múltiples reclamos de proveedores del sector tecnología que señalan una preferencia del organismo de Antonio Martínez Dagnino hacia la alemana T-Systems de Carlos Celaya, que ha recibido proyectos por más de cuatro mil millones de pesos en los últimos meses y espera adjudicarse en los próximos días otros mil millones más, todos con irregularidades marcadas.
También ponen sobre la mesa las irregularidades cometidas en la contratación de la empresa Servicios Administrados BSS, para brindar soporte a los puestos de servicio del SAT, sobre todo porque se trata de una filial de CEPRA de Joel Sánchez Vázquez, la firma que se contrató ilegalmente en 2016 para el mismo servicio y por la que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción llevó a juicio a tres exfuncionarios del organismo recaudador. De hecho, se sabe que por estos casos el Ministerio Público tiene otra vez denuncias penales en sus manos, esta vez contra Fernando Gamas Gómez y Sandra Beatriz Sepúlveda, por presuntos “Delitos Contra la Administración de la Justicia”, pues supuestamente ha ignorado las instrucciones que provienen desde las oficinas de la Función Pública en la avenida Insurgentes, para definir conforme a Derecho los procedimientos de revisión y declarar la nulidad de las contrataciones irregulares. Este mismo caso se repite en otras dependencias, en las que la inoperancia de los Órganos Internos de Control ha llevado a superar incluso los plazos constitucionales para resolver las controversias, situación que pone en calidad de procedente cualquier acción penal que se emprenda contra los funcionarios, esto debido al daño que se genera a la operación de las dependencias y específicamente al patrimonio de la nación.
