En un sexenio que presenta a la lucha contra la corrupción como principal bandera política, la denominada “Estafa Maestra” sigue siendo la máxima referencia de resultados esperados, por la profunda investigación con la que se detectaron las irregularidades y por la exposición que alcanzó ese desvío de casi ocho mil millones de pesos a través de las universidades públicas.
El escandaloso descubrimiento y las sanciones que éste contrajo para funcionarios de la administración pasada no hubiera sido posible sin la contribución de varios personajes, y principalmente sin la participación desde distintos frentes de tres mujeres que resultaron clave para detectar la irregularidad del procedimiento, para identificar la magnitud de los desfalcos y para determinar la responsabilidad resarcitoria de los delitos.
En este trascendental trío se encuentra quien se desempeñaba como directora general de la Auditoría Forense en la ASF, Muna Dora Buchahin Abulhosn, la autora de los Informes que detectaron por primera vez irregularidades en convenios entre la desaparecida Sedesol y las Universidades Autónomas de Morelos y del Estado de México, que señalaban falta de comprobación de servicios adquiridos con empresas privadas.
Los documentos de Buchahin despertaron el interés de la periodista Nayeli Roldán, quien realizó con su equipo más de 500 solicitudes de información a las dependencias de gobierno involucradas en la firma de convenios para la transmisión de recursos a universidades públicas, esto mediante el mecanismo de transparencia.
El resultado fue la publicación, en septiembre de 2017, de un reportaje que ha marcado incluso la línea de investigación de los actos de corrupción en el país; en específico, se señaló públicamente el desvío de siete mil 670 millones de pesos entre los años 2013 y 2014, a través de 11 dependencias públicas que, por medio de universidades estatales, enviaron el dinero a una red de 128 empresas fantasma.
El camino, hasta ese entonces, no estaba concluido, pues el problema que se pretende erradicar no es sólo la corrupción, sino también la impunidad. Faltaba otorgar a los autores de este delito la responsabilidad resarcitoria, para recuperar una parte de la multimillonaria cantidad que se desvió y que tuvo probablemente como destino las campañas políticas. Correspondió esa responsabilidad al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Si bien en 2019 el citado Tribunal estimó por mayoría que bastaba con la simple presentación y recepción de actas por parte de las universidades prestadoras de servicios para que éstos se tuvieran por realizados, el criterio de la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez para declarar responsabilidad resarcitoria se impuso en 2021, bajo la premisa de que no había materialidad de los servicios que contrataron la Sedesol de Rosario Robles y 10 dependencias más.
La Estafa Maestra fue identificada, señalada y sancionada. Con el ejemplo de estas tres valientes damas el presente gobierno sí tiene una ruta a seguir.
