La Cámara de Senadores aprobó en lo general la Ley General de Economía Circular (LGEC), que se encarga de promover más y mejores reglas para el manejo de residuos y desechos, así como de promover esquemas de reciclaje y protección a los recolectores de basura.
Esta nueva ley representa un avance en materia medioambiental para México, pues no existe un precedente anterior ya que la agenda global respecto a la economía circular es de reciente creación, lo cual posiciona a México en la vanguardia legislativa respecto a la protección sustentable del planeta.
Con fecha 18 de noviembre de 2021, el Senado de la República aprobó el dictamen por el que se expide la Ley General de Economía Circular (LGEC), misma que es reglamentaria a lo dispuesto en los artículos 4, párrafo quinto, 25, párrafo séptimo y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico.
La Ley General de Economía Circular (LGEC) es de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene dentro de sus objetivos principales promover la eficiencia en el uso de productos, servicios, materiales, materias primas secundarias, subproductos a través de la reutilización, el reciclaje y el rediseño.
La Economía Circular es el sistema de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, orientado al rediseño y reincorporación de productos y servicios para mantener en la economía el valor y vida útil de los productos, los materiales y los recursos asociados a ellos el mayor tiempo posible, y que se prevenga o minimice la generación de residuos, reincorporándolos nuevamente en procesos productivos cíclicos o biológicos, además de fomentar cambios de hábitos de producción y consumo.
La LGEC dispone que tanto el Gobierno Federal, como los gobiernos de las entidades federativas, así como los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, promoverán la participación de las personas físicas y morales en los modelos de Economía Circular, con la finalidad de implementar lo establecido en esta ley a nivel nacional.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la LGEC, los estados deberán presentar de manera periódica un registro de todas las personas físicas o morales dedicadas al rediseño, restauración reciclaje y transformación de residuos de productos que hayan concluido su primera vida útil. Es decir, aquellos productos que puedan ser reutilizados, con posterioridad a su primer uso.
Todas las personas físicas y morales cuyas actividades estén enfocadas a la fabricación, producción, elaboración, importación y manufactura de envases y empaques, estarán obligadas a presentar un Plan de Economía Circular ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para su registro.
El Plan de Economía Circular es una herramienta administrativa que se encuentra basada en la responsabilidad que comparten los fabricantes con sus distribuidores y usuarios finales de los productos y servicios, por medio del cual se plantean acciones y objetivos tendientes a cumplir con los principios y criterios que fomenten la disminución de la huella de carbono y la huella hídrica o la optimización del aprovechamiento de los materiales a través del uso eficiente de los recursos naturales y económicos, el consumo y producción sostenibles; la reutilización, reciclaje, compostaje, co-procesamiento y demás tipos de valorización y aprovechamiento de conformidad con la Economía Circular.
La Ley General de Economía Circular busca disminuir el impacto ambiental a través del reciclaje y la reducción de residuos. El Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la esfera de sus competencias, promoverán la participación de las personas físicas o morales, es decir nuevas empresas, en modelos de Economía Circular.
Las entidades federativas presentarán periódicamente a la Secretaría de Economía el registro de personas físicas o morales dedicadas al rediseño, restauración, reciclaje y transformación de residuos y de productos que han concluido su primera vida útil.
Con respecto a los llamados pepenadores o recolectores de basura, se indica que los gobiernos municipales deberán incluir en sus programas municipales de Economía Circular a los grupos informales de personas acopiadoras que realicen alguna actividad relacionada con el reciclaje y el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos que generan los habitantes de sus localidades.
Entre los problemas que existen con el decreto y que podrían ser un paso hacia atrás a nivel local, es que la ley general estipula que ningún plástico es de un solo uso y que todos son potencialmente reciclables.
Sin embargo, en la Ciudad de México ya inicio desde hace tiempo un proceso de retiro gradual de los plásticos de un solo uso para que se utilicen solo materiales reciclables y compostables. Recordemos que en la capital del país y en otras entidades se aprobaron leyes que iniciaron con el retiro del mercado de las bolsas de plástico.
