/ viernes 16 de junio de 2023

Pagará Tijuana hasta 10 mdp para litigar adeudo al SAT

El crédito fiscal viene desde la administración del panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro

Tijuana.-El Cabildo de Tijuana aprobó por mayoría la contratación de un despacho de abogados para defenderse del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por un adeudo que viene de la administración del panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

“Es un crédito que se solicitó en el 2017 y que ahora, entre recargos y demás, asciende a una deuda de 300 millones de pesos”, dijo la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez.

La primera edil mencionó que con la contratación de este despacho el gobierno de la ciudad pretende reducir el monto del adeudo o ganar la demanda para no pagar.

Según el comunicado de prensa compartido por el municipio, el aviso electrónico de notificación vía buzón tributario del Ayuntamiento derivó de diversas visitas domiciliarias.

El SAT realizó una última visita el pasado 23 de mayo y otorgó 30 días hábiles al Ayuntamiento para responder, esto quiere decir antes del próximo 4 de julio.

Caballero Ramírez justificó la contratación de un despacho externo, en lugar de encargar el proceso al departamento jurídico de la ciudad, argumentando que la Tesorería Municipal realizó un estudio.

“Decidimos mejor contratar un despacho que nos cueste nueve o 10 millones de pesos, en razón de salvar al municipio de pagar 300 millones de pesos, o por lo menos que la deuda sea menos dolorosa para nuestras arcas”, apuntó.

Ante la “premura” del caso, los ediles aprobaron la contratación de un despacho de Tijuana mediante adjudicación directa.

“Si no contestamos se da la afirmativa y pagaremos directamente 300 millones de pesos”, apuntó la alcaldesa en entrevista posterior a la votación.

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El Ayuntamiento aseguró en su comunicado que este tipo de juicios fiscales pueden tardar años en resolverse porque podría incluir un juicio de amparo y finalizar en otra administración municipal.

Durante la votación, el regidor priísta David Ruvalcaba señaló que el dictamen carecía del monto a pagar por honorarios y solicitó que se limitará el presupuesto a no más de 10 millones de pesos.

El síndico procurador, Rafael Pérez Leyva, anunció que iniciarán una investigación en contra del tesorero municipal que estuvo en el cargo en 2017.

Tijuana.-El Cabildo de Tijuana aprobó por mayoría la contratación de un despacho de abogados para defenderse del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por un adeudo que viene de la administración del panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

“Es un crédito que se solicitó en el 2017 y que ahora, entre recargos y demás, asciende a una deuda de 300 millones de pesos”, dijo la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez.

La primera edil mencionó que con la contratación de este despacho el gobierno de la ciudad pretende reducir el monto del adeudo o ganar la demanda para no pagar.

Según el comunicado de prensa compartido por el municipio, el aviso electrónico de notificación vía buzón tributario del Ayuntamiento derivó de diversas visitas domiciliarias.

El SAT realizó una última visita el pasado 23 de mayo y otorgó 30 días hábiles al Ayuntamiento para responder, esto quiere decir antes del próximo 4 de julio.

Caballero Ramírez justificó la contratación de un despacho externo, en lugar de encargar el proceso al departamento jurídico de la ciudad, argumentando que la Tesorería Municipal realizó un estudio.

“Decidimos mejor contratar un despacho que nos cueste nueve o 10 millones de pesos, en razón de salvar al municipio de pagar 300 millones de pesos, o por lo menos que la deuda sea menos dolorosa para nuestras arcas”, apuntó.

Ante la “premura” del caso, los ediles aprobaron la contratación de un despacho de Tijuana mediante adjudicación directa.

“Si no contestamos se da la afirmativa y pagaremos directamente 300 millones de pesos”, apuntó la alcaldesa en entrevista posterior a la votación.

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El Ayuntamiento aseguró en su comunicado que este tipo de juicios fiscales pueden tardar años en resolverse porque podría incluir un juicio de amparo y finalizar en otra administración municipal.

Durante la votación, el regidor priísta David Ruvalcaba señaló que el dictamen carecía del monto a pagar por honorarios y solicitó que se limitará el presupuesto a no más de 10 millones de pesos.

El síndico procurador, Rafael Pérez Leyva, anunció que iniciarán una investigación en contra del tesorero municipal que estuvo en el cargo en 2017.

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