Una de las prioridades del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el control de las percepciones y las demandas populares, y justamente las percepciones son las que empiezan a minar de manera acelerada su discurso de austeridad y de combate a la corrupción, como se ve reflejado en una caída homogénea de su popularidad en casi todos los estudios de las casas encuestadoras.
Las redes sociales, el espacio que suele calificar como “bendito”, cumplen 14 días de recordarle que su primogénito, José Ramón López Beltrán, rompió las reglas de Juárez y de su “justa medianía”. Peor aún, permean entre sus seguidores y votantes la idea de que su muchacho pudo haber incurrido en conflictos de interés y actos de corrupción.
Si bien los hechos conocidos hasta ahora no establecen ilegalidad alguna, el escenario sí despierta suspicacias. De entrada, el heredero y la muy bien identificada cabildera del sector petrolero decidieron abandonar el país para mudarse a Houston, Texas, la capital por excelencia de la industria de los hidrocarburos. En la ciudad se ubican alrededor de 500 empresas del sector petrolero, una decena de refinerías, cientos de compañías del ámbito energético y, por supuesto, es la ciudad de residencia de los más acaudalados y destacados magnates de esa industria en América, justo esa cofradía con la que Carolyn Adams suele trabajar.
Entre las refinerías instaladas en la ciudad texana se encuentra por supuesto la polémica Deer Park, aquella que, ahora se menciona mucho entre empresarios, habría comprado Pemex por unos 600 millones de dólares gracias a una recomendación de la nuera presidencial y, también, excabildera de las compañías Cava Energy y British Petroleum.
Extraño es también que el actual director del Consejo de Administración de esa refinería texana-mexicana, Ulises Hernández Romano, fue el encargado de autorizar una ampliación del contrato que Baker Hughes mantiene con Petróleos Mexicanos, la misma compañía cuyo alto ejecutivo es propietario de la casa en la que habitó López Beltrán. Para atajar todas estas percepciones, en la mañanera del pasado miércoles el titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza, aseguró que Baker no es de los proveedores a los que más recursos otorga la empresa productiva del Estado; según sus números, la compañía se ubica en el lugar número cinco por monto de contratos.
Pero la realidad es que esta administración sí ha sido la que más dinero público ha destinado a la firma: de 2019 a la fecha, Pemex le ha entregado casi 20 mil millones de pesos; mientras que, en todo el gobierno de Enrique Peña Nieto, esa compañía recibió unos 17 mil millones. En el sexenio del panista Felipe Calderón se le destinaron, desde Pemex Exploración y Producción, casi cuatro mil millones de pesos, y con Vicente Fox fueron mil 125 millones, desde la misma subsidiaria.
El contexto visto detenidamente echa por tierra los argumentos de defensa de López Obrador y pega fuerte incluso a la credibilidad de la única política pública que caracteriza a un gobierno de percepción: la conferencia mañanera.
