Ni un ápice de vergüenza tienen varios de los críticos que le han salido a la nueva Ley de Educación que, si todo sigue como hasta ahora, será aprobada el próximo viernes en el Congreso del Estado.
La mayoría son dueños de escuelitas particulares que están furiosos porque se les va a meter en cintura, como se debió hacer desde hace décadas.
Entre esos “críticos” se cuenta a Alfredo Postlethwaite, eterno presidente de la Copase, una OSC patiña de los gobiernos estatales… hasta que cambiaron de color.
El sexenio de “Kiko” Vega fue una Belle Époque para los Postlethwaite. Francisco, el hermano de Alfredo, fue presidente del Itaip y luego, contralor estatal, donde, “extrañamente”, no vio ninguna de las corruptelas del entonces gobernador y su esposa.
¿Con esa carita, Alfredo puede salir a criticar algo?
Pero vayamos por partes, ¿qué critican los dueños de escuelitas particulares?
Lo primero que les duele es que la nueva Ley de Educación obligue a que las escuelas particulares den becas, mínimo, al 5% de su matrícula.
Gustavo Fernández de León, cuyo título nobiliario es presidente del Comité de Vinculación Educativa del Consejo de Desarrollo de Tijuana, dice que es “una exigencia totalmente fuera de contexto, la obligatoriedad del 5% de nuestra matrícula”. No podíamos esperar menos de Gustavo, quien es dueño del Colegio Eiffel y estudió en el Tec de Monterrey ¿Qué sabe él de nacer abajo y no poder aspirar a un mejor futuro, por falta de dinero? Gustavo, ¿sabe que si es un exceso? Que en el mundo todavía existan personas tan mezquinas como usted.
Armando Navarro, dueño del Colegio El Principito y Patria de Tijuana y presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de Tijuana dijo que “el 30 por ciento de los preescolares en Tijuana no tienen infraestructura ni la capacidad para sobrevivir en el siguiente ciclo escolar”. Pues si no tienen la infraestructura, eso significa que les vendían un servicio educativo mediocre a las madres y padres de familia. Y si es así, es maravilloso que cierren.
Luego, Armando ya no se acuerda, pero, en abril pasado, paterfamilias de sus alumnos le pusieron una exhibida en un portal de Tijuana, porque, ante la crisis económica generada por el Covid-19, quería que le pagaran el 90% de las colegiaturas y declaró: “Es un compromiso que se adquirió”. Les digo, mezquindad a la máxima potencia.
Y Everardo Basilio, presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de Mexicali, se quejó de las multas que impone la nueva ley.
¿Qué multas? Anote usted:
De 608 mil 160 a un millón 302 mil pesos, por “administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de sus madres y padres o tutores, medicamentos” o “expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables”. En el primer caso, se advierte que puede acarrear, igualmente, sanciones penales.
¿Qué quiere Everardito? ¿Qué les den carta abierta a las escuelas particulares para que las maestras, sin ningún conocimiento médico, le administren medicinas a sus alumnas y alumnos? Por una alergia, se puede morir una niña o niño, pero eso le parece poca cosa. Fernández de León, por su parte, califica de “situación meramente administrativa” que una escuela particular haga trampa y le dé acredite un grado académico a una alumna o un alumno, sin merecerlo. Así la moral de estos “empresarios”.
También hay multas de 86 mil 880 a 608 mil 160 por “retener documentos personales y académicos por falta de pago” o “difundir o transmitir datos personales sin consentimiento expreso de su titular o, en su caso, de la madre y padre de familia o tutor”.
¿Qué quieren los “empresarios” educativos (a los que sería más preciso llamar los usureros educativos)? ¿Seguir chantajeando a las madres y los padres con que le van a retener el certificado de primaria, secundaria o bachillerato a sus hijas e hijos, para obligarlos a pagar sus recargos leoninos? Y lo peor es que, en no pocas ocasiones, ¡esos papeles ni los obtuvieron en esa escuela! Por ejemplo, hay bachilleratos particulares que le secuestran los certificados de primaria y secundaria a sus alumnas y alumnos ¡aunque no estudiaron esos niveles ahí! Es decir, indebidamente retienen documentos oficiales que le pertenecen a la alumna o al alumno.
Y hay multas de 8 mil 688 a 86 mil 880 por “no utilizar los libros de texto que la autoridad educativa federal autorice y determine para la educación primaria y secundaria”, “realizar o permitir la difusión de publicidad dentro del plantel escolar que no fomente la promoción de estilos de vida saludables en alimentación, así como la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, con excepción de los de alimentos”, “condicionar la prestación del servicio público de educación a la adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares” o “no dar a conocer por escrito a las personas usuarias de los servicios educativos, previamente a la inscripción para cada ciclo escolar, el costo total de la colegiatura o cualquier otra contraprestación”.
Pues claro, los dueños de escuelitas particulares quieren seguir haciendo sus negocios, permitiéndole a Sabritas y Coca-Cola que coloquen anuncios y vendan sus porquerías, que nos tienen postrados de diabetes a los mexicanos, a cambio de una lana. O seguir vendiendo uniformes chinos, que compran en un dólar, hasta en mil pesos. O seguir exigiendo a madres y padres que vendan boletitos para sus rifas piratas, ilegales, donde sus parientes siempre ganan los premios. O exigir la compra de libros, en establecimientos que son de ellos mismos o de sus parientes y compadres. O retener el certificado de bachillerato hasta que no paguen 10 boletos, de mil pesos cada uno, para la “fiesta de graduación”. O subir las colegiaturas a medio ciclo escolar.
Los dueños de escuelitas particulares no pueden tolerar que se acabó la fiesta en la cual vivieron durante el sexenio de “Kiko” Vega.
El 19 de febrero de 2019, este columnista reveló como el programa “¡Todos a la prepa!”, a través del cual “Kiko” Vega y su gobierno “becaban” a estudiantes de bachillerato en escuelas particulares, resultó una mina de oro para varias de estas, pese a la ínfima calidad que tenían.
Ese día, dimos a conocer como el GRUPO EDUCATIVO 16 DE SEPTIEMBRE RECIBIÓ 35 MILLONES 893 MIL PESOS del gobierno estatal en turno, DEL DINERO DE TODAS Y TODOS, de 2015 a 2018.
Dicho changarro, disfrazado de institución educativa, pertenece a Manuel Ruelas Jiménez, un ex líder del SNTE que, por ese simple hecho, recibió una millonada de dinero público.
Otra de las instituciones consentidas a través de “¡Todos a la prepa!” fue el Bachillerato Interamericano, que recibió 3 millones 768 mil pesos en el citado lapso de tiempo.
Con esos casi 40 millones de pesos que se les dieron solamente a esas dos escuelas ¿no se podían haber mejorado las prepas públicas y ampliado la matrícula? Si se podía, pero se necesitaba tener un pretexto para hacer negocitos, al cobijo del poder.
El 11 de marzo de ese año, también dimos a conocer que el CETYS, la universidad para los mirreyes de Baja California, RECIBIÓ 181 MILLONES 93 MIL 298 PESOS del gobierno estatal, DEL DINERO DE TODAS Y TODOS, entre 2002 y 2018. Fueron 28 millones 541 mil 994 pesos en el sexenio de Eugenio Elorduy; 83 millones 351 mil 315 en el de José Guadalupe Osuna Millán; y 69 millones 199 mil 989 en el de “Kiko” Vega.
Cuántas cosas no se pudieron hacer con esos 181 millones en las escuelas públicas y, sin embargo, se subsidió a la escuela que atiende a los ricos de Baja California. Se financió a una escuela para ricos con los impuestos de los pobres.
Y ahora, con lujo de cinismo, las escuelas privadas dicen ¡que es un exceso dar el 5% de becas!
No tienen conciencia, ética, moral, ni progenitora.
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