Con tono severo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, le puso, así, punto final a Ley Bonilla: “Es un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático que esta instituye. Se llevó a cabo toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular, usando la Constitución para violar la Constitución, usando las herramientas de la democracia para minar la democracia, corrompiendo de manera tajante el principio democrático”.
Zaldívar estaba bien enterado de las estrategias mezquinas usadas por el gobierno estatal para que su titular se aferrara al cargo, como argumentar que, debido a la pandemia de Covid-19, no podía haber elecciones en 2021; o publicar una encuesta, cuya precisión, credibilidad y honorabilidad eran nulas, con el fin de airear un supuesto apoyo popular a la extensión de mandato.
Por ello, el togado dijo: “No sobra decir que violaciones constitucionales de esta entidad no se pueden convalidar con supuestas encuestas, ni apelando a la emergencia sanitaria por la que atravesamos. La Constitución no es de cumplimiento optativo. Quienes detentan el poder no pueden pretender la convalidación de violaciones al voto popular con pretextos o excusas metaconstitucionales”.
Es importante leer y releer las palabras de Zaldívar, porque el tongo que se echó abajo el lunes no es menor. La caracterización criminal que le dio el presidente de la corte es, apenas, exacta.
Sin embargo, ¿quiénes permitieron ese crimen constitucional? ¿quiénes les dieron poder a sus autores para hacer semejante barbaridad? Los ciudadanos.
Nos podemos pasar horas escandalizándonos con las formas y los fondos de Jaime Bonilla, de los diputados morenistas, de los panistas y priistas que les ayudaron con este chanchullo, o de “Kiko” Vega, pero ¿quién puso a toda esa gente ahí? ¿Quién les dio poder para hacer lo que hicieron? Respuesta: los ciudadanos.
Y lo malo es que muchos no saben que no saben. Y lo peor es que no les interesa saberlo. ¿Qué podemos esperar de un pueblo que se guía por instintos primarios? La mayoría está más interesada en irse a formar tres horas, arriesgando su vida y la de otros, para que le vendan una caja de cerveza, que en invertir cinco minutos (a veces menos), cada tres años, para ir a votar. Si en las casillas regalaran una cerveza, seguramente habría filas interminables para sufragar.
A la inmensa mayoría no le interesa votar (Baja California es el estado con más abstencionismo). Y, de los pocos que votan, a un porcentaje tangible les compran el sufragio (para eso existen las infaltables ‘líderes’ de colonias), otro vota con el hígado y sin uso de razón, y entonces queda un porcentaje, mínimo, que si vota en conciencia, pero no alcanza a cambiar el resultado.
La Ley Bonilla no es el resultado de la ambición, desmedida, de un hombre, ni de la nula escala moral y ética de algunos funcionarios suyos. Es el producto de una sociedad amoral, sin valores, obsesionada con lo material, adicta a lo tóxico, que se la vive borracha o drogada con el objetivo de eludir una realidad que no tiene la madurez emocional para resolver. Eso es Baja California. Por eso, tanto este gobernador como el anterior, pudieron llegar al poder. Por eso, el anterior pudo robar a manos llenas y este quiso anular la constitución.
Digo, porque nadie puede llamarse engañado con Francisco Vega y Jaime Bonilla. Como presidente municipal de Tijuana, “Kiko” ya había mostrado, claramente, su “estilo” de gobernar, con obras inservibles y opacas, como el reloj de la avenida Revolución, y una proclividad a beneficiar amistades. Desde ese ayuntamiento, Juan Manuel Gastélum, Loreto Quintero y Bladimiro Hernández ya estaban ahí ¿Por qué (casi) nadie lo notó? Pues porque los responsables ciudadanos bajacalifornianos estaban muy ocupados bebiendo cerveza y haciendo ‘carnitas asadas’, en vez de dedicarle cinco minutos a revisar quién era el candidato por el cual iban a votar y de quién se rodeaba.
La mayoría lo eligió porque se veía bromista, chistoso y bailaba en los mítines, “cualidades” que, según la distorsionada visión de la mayoría de los ciudadanos bajacalifornianos, son las más importantes en un gobernante. Es decir, buscan un símil de sus compadres con los cuales hacen las ‘carnitas asadas’, no un líder. Por eso mismo eligieron, en su día, también, a Francisco “Panchito” Pérez Tejada o a Juan Manuel Gastélum. Recuerdo que, en 2013, escuché a panistas decir que habían elegido a “Kiko” en su interna porque Héctor Osuna era “aburrido”.
Y Jaime Bonilla mostró, con total transparencia, quiénes eran sus amistades, como los Leyva, que Baja California ya había conocido, requetebién, entre 1983 y 1989. Desde la campaña, igualmente, el gobernador se rodeó de quienes iban a ser sus funcionarios. Amador Rodríguez, por ejemplo, ya había intentado hacer un entuerto parecido en Chiapas –la Ley Sabines–, para anular la celebración de elecciones ¿Por qué (casi) nadie lo notó? Pues imagínese, cómo iban a perder cinco minutos de su valioso tiempo los ocupados ciudadanos de Baja California en investigar esos antecedentes, o leerlos, ya masticados, peladitos y en la boca, en algunos medios. Esos cinco minutos pueden ser la diferencia entre llevarse un “12” de Tecate Light o uno de Coors, que les gusta menos. En esos cinco minutos, se puede ligar una “morra” (sic) en un bar. En esos cinco minutos, se puede leer el chisme de Niurka en el TV Notas.
¿Cómo es que un pueblo así va a entender la gran responsabilidad de otorgarle poder a otro (un gobernador, un presidente municipal, un diputado), cuando no entiende ninguna otra responsabilidad? No entiende la responsabilidad de conducir un auto (por eso, manejan ebrios). No entiende la responsabilidad de ser madres y padres (por eso, encabezamos al país en maltrato infantil). No entiende la responsabilidad de tener una pareja (por eso, somos ‘líderes’ en violencia familiar). No entienden que deben cuidar su salud (por eso, somos primer lugar de diabetes y obesidad, y por eso aquí el Covid-19 mata más que en otros lugares). La mayoría de bajacalifornianas y bajacalifornianos tienen la madurez cívica y emocional de un púber. Por eso, eligen compañeros de fiesta, no gobernantes.
Y por eso, quien crea que echar a Bonilla en 2021 ya nos va a transformar en un mejor estado, vive en el error. Tanto él, como sus antecesores, entendieron, antropológicamente, a Baja California. Y quien venga después, también.
En la parte final de su discurso para darle el tiro de gracia a la Ley Bonilla, el ministro Zaldívar dijo: “Se pretendió dar la vuelta a todos y cada uno de los principios que nuestra Constitución establece para proteger la integridad del sistema democrático. Pero hay una salvaguarda constitucional que no pudieron ni podrán eludir, que es la justicia constitucional en manos de este Tribunal Constitucional”. Si, salvaron a un pueblo que no sabe elegir. Si no, quién sabe cómo estaríamos.
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