Luego de que a las diputadas y los diputados plurinominales se les entregó la constancia que los acredita como tales, quedó definida la integración de la 24 legislatura del congreso local, misma que resultó perfecta en cuanto a representatividad.
De los 25 diputados, 13 serán mujeres, con lo cual se cumple, a cabalidad, con los principios y las normas jurídicas que establecen la equidad de género.
Pero, además, cada municipio del estado tiene, cuando menos, un representante que nació o radica ahí.
Esto resulta muy trascendente, dado que solamente quien vive en un lugar puede tener el pulso de sus problemas y desafíos, pero también la visión del tipo de soluciones que se necesitan para afrontarlos y, más importante aún, de la forma en que se requiere aplicar las mismas.
Respecto a la paridad de género, debido a la configuración que estableció el Instituto Estatal Electoral (IEE), al asignar las curules de representación proporcional, en este 2021 no existe razón legal para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) intervenga y reacomode dichas asignaciones, precisamente por estar apegadas a derecho.
Y si hubiese alguna impugnación en tal sentido, existe un antecedente jurídico que permite anticipar su camino: la sentencia de la sala Guadalajara del TEPJF, ratificada, posteriormente, por la sala Superior del mismo, respecto al Juicio para la protección de los Derechos político electorales del Ciudadano, presentado por Lorena Mariela Noriega Vélez, tras las elecciones de 2016.
Noriega buscaba anular la democracia y desconocer la voluntad popular, argumentando una supuesta inequidad de género.
En dichos comicios, al Partido de Baja California (PBC) le correspondía una diputación de representación proporcional, misma que el IEE otorgó a Jorge Eugenio Núñez Lozano, por ser el candidato más votado de dicho emblema.
Al no verse favorecida por la ciudadanía, Noriega buscó arrebatar, en los tribunales, lo que no pudo ganar en las urnas.
Así, presentó un Juicio para la protección de los Derechos político electorales del Ciudadano, cuya baza central era que, dado que al PBC solamente le correspondía una diputación, esta debía ser para ella, pues había quedado en segundo lugar entre los candidatos de su partido y, según su visión, tenía primacía sobre Núñez, por ser mujer, argumento que utilizaba, con dolo, las normas que mandatan la equidad de género, lastimando los principios de certeza electoral y seguridad jurídica.
En su sentencia, la sala Superior del TEPJF indicó que la diputación le correspondía a Núñez y que Noriega no tenía derecho a la misma por el simple hecho de ser mujer, dado que la asignación de esta se dio tomando en cuenta “el mejor porcentaje de votación con independencia del género, pues la regla de asignación, en este caso, obedece directamente a la voluntad popular emanada de la votación realizada el día de la jornada electoral”.
Y al argumentar su voto ratificando la asignación para Núñez, el entonces magistrado presidente, Pedro Esteban Penagos López, refrendó: “Si bien en el principio de paridad de género esta Sala Superior ha sustentado que no solo incide en la postulación paritaria en las candidaturas, sino que debe tener repercusión efectiva en la conformación de los órganos legislativos, que es lo que se busca, una paridad sustantiva, lo cierto es que cuando la asignación se realiza al candidato que, sin haber obtenido el triunfo, obtuvo el mayor porcentaje de votación, dicho sistema de votación implica la protección del voto”.
En este 2021, con la presencia de 13 diputadas en la 24 legislatura bajacaliforniana, existe paridad sustantiva. Y, como puede verse, la primacía, en cualquier caso, es proteger el sufragio, que refleja la voluntad popular de la ciudadanía respecto a la elección de sus representantes. Cualquier cosa fuera de ese renglón, no solamente implica un comportamiento desleal a la democracia, sino, sobre todo, un fiel autorretrato de quien intente trucar el mandato de las urnas.
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