Durante la reciente sesión de los integrantes de la Comisión de Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado, fueron aprobadas importantes reformas que otorgan facultades a las sindicaturas procuradoras en aquellos casos de responsabilidades administrativas graves.
Hace algunas semanas, el diputado local Raúl Castañeda Pomposo había dado un adelanto de tales modificaciones en el foro del Grupo Político Tijuana, que preside Salvador Kayachanian, exponiendo la necesidad de armonizar el marco jurídico de los ayuntamientos con el Sistema Estatal Anticorrupción.
Plantea el legislador adaptar las normas municipalistas al contenido de las nuevas disposiciones en materia de fiscalización y rendición de cuentas, toda vez que si no se hiciera, se crearían efectos negativos, verbigracia la contradicción normativa, lagunas legislativas, falta de certeza en la observancia, dificultad para su aplicación y fomento a la impunidad al permitir la interpretación de la ley de forma discrecional y personal.
Raúl Castañeda Pomposo corrió el lápiz, como el maestro en derecho que es, a fin de que los síndicos procuradores lleven a cabo las diligencias donde se presuman responsabilidades administrativas graves, turnando los expedientes ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o demás autoridades competentes.
Las nuevas instituciones y figuras jurídicas del Sistema Estatal Anticorrupción son: el Órgano de Fiscalización que se convierte en Auditoría Superior del Estado, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con las mayores atribuciones a las sindicaturas procuradoras.
Así es que el Congreso del Estado revisará y fiscalizará cada año las cuentas de los ayuntamientos relativas a los ejercicios anteriores, lo mismo que el Avance de Gestión Financiera, conforme a la normatividad de la Hacienda Municipal.
LA POLÍTICA ES ASÍ
Los crímenes que impactan a México revelan una violencia desmedida por la falta de valores en los hogares y las escuelas, eructos de la sociedad que desde hace años está siendo carcomida, y que fue motivo de preocupación del jurista Jorge Carpizo, quien los últimos meses de su vida se ocupó de elaborar y presentar una propuesta de Seguridad y Justicia en Democracia.
Acuciosos y perspicaces analistas consideran que es urgente rescatar a la juventud de las garras del hampa, que de las generaciones perdidas recluta a sus elementos.
En Baja California, el secretario de Seguridad Pública del estado, Gerardo Sosa Olachea, aparte de implementar operativos, redobla esfuerzos en aras de una convivencia pacífica, impulsando la prevención del delito y la participación ciudadana, en el área a cargo de Fernanda Rivera a nivel estatal, y de Belina Bretón en la plaza de Tijuana.
El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, al agradecer el apoyo de la Secretaría de Marina, que encabeza Vidal Soberón, para capturar al presunto autor del homicidio de Silvestre de la Toba, quien era presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ponderó el trabajo de investigación realizado por el procurador Daniel de la Rosa Anaya.
